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La inflación de marzo fue del 3,4% y marcó el nivel más alto del año
El número confirmó las previsiones, que ya habían anticipado un repunte inflacionario. Fue un 0.5% más que en febrero.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. El número se ubicó en 3,4% y se convirtió en el dato mensual más alto en lo que va del año.
La inflación acumula un alza de 9,4% en el año
El número confirmó las advertencias del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya había anticipado un repunte inflacionario después del 2,9% registrado en febrero. Entre los principales factores que impulsaron la suba se destacaron: educación (12%); combustibles, afectados por la suba del petróleo, y distintos componentes de la canasta básica.
Las estimaciones privadas habían anticipado este escenario. Consultoras como C&T, Orlando Ferreres, Eco Go, LCG y Analytica coincidían en que la inflación de marzo giraría en torno al 3%.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado un IPC cercano al 3% para marzo, con una inflación núcleo levemente por debajo.
¿Qué sucederá en los próximos meses?

Imagen: La Gran Capital
Hacia los próximos meses, la dinámica inflacionaria tendería a moderarse gradualmente. Según esas proyecciones, abril se ubicaría en torno al 2,6% y mayo cerca del 2,3%, con una desaceleración progresiva hacia el invierno y la primavera, cuando los registros podrían perforar el 2% mensual.
Sin embargo, el dato de marzo dejó un arranque de año más complejo de lo previsto. El primer bimestre había acumulado un 5,9%, y con la cifra de marzo por encima del 3%, el trimestre quedó cerca de una porción significativa de la meta anual fijada por el Gobierno de Javier Milei.
Las proyecciones del REM ubicaron la inflación de todo 2026 en torno al 29,1%, muy por encima del 10,1% contemplado en el Presupuesto. La tensión entre las expectativas del mercado y los objetivos oficiales volvió así a quedar expuesta; la desaceleración parece demorarse en llegar mientras que todo sigue aumentando menos los salarios.
Opinión
La noche de las topadoras: cuando el «orden» es sinónimo de crueldad
Opinión por Paula Cabrera
En plena madrugada, con la impunidad de quienes necesitan de la oscuridad para defender algo que saben que está mal, así avanzaron las topadoras sobre la icónica feria de la Rambla. 25 años destruidos en pocas horas a la vista de algunos de los feriantes que nada podían hacer. Su fuente de ingreso y el trabajo de años pulverizado en cuestión de una noche y bajo los festejos del intendente y del ex intendente que aplaudieron cómo alrededor de 200 familias quedaron a la deriva sin saber qué van a comer la semana que viene.
Es el gobierno de la crueldad, de la destrucción, del “orden” a costa de los laburantes, de los más vulnerables, de los que menos tienen. Lo que pasó anoche con la feria sorprende para mal, pero no debería. Escudarse en el respeto a la ley y los espacios públicos para avanzar desde el odio es la vieja receta del cinismo político. La excusa es «recuperar la postal de la ciudad”, la realidad es la reconstrucción sobre los escombros de quienes habían encontrado una forma de resistir frente a una larga tradición de economías en crisis.
Estética por sobre trabajo, prioridades municipales

El operativo, desplegado como si se estuviera entrando a una zona de guerra, no buscaba una relocalización ni una mejora urbana; buscaba el golpe de efecto. La gestión municipal, en sintonía con un discurso nacional que criminaliza la supervivencia, decidió que la estética de la Rambla vale más que la dignidad de 200 familias. La cultura del trabajo de la que tanto se llenan la boca los discursos oficialistas se ve que tiene matices, preferencias, lados.
El festejo en redes sociales de los funcionarios tras la destrucción es, quizás, lo más desolador. Dirigentes políticos sin empatía, que no saben para quiénes gobiernan y que quieren construir un país que no es el propio basado en la imagen abstracta e idílica de una sociedad que no nos pertenece.
Ver a dirigentes políticos celebrar el desalojo de trabajadores como si fuera una gesta heroica es una muestra de la desconexión total con la realidad de la calle. Festejan que «limpiaron» la zona. ¿Ese es el pensamiento sobre los trabajadores que, como pudieron, buscaron ganarse la vida en un sistema que probablemente ya los había expulsado antes?
“Nos abrazamos y lloramos todos” fueron las palabras de uno de los feriantes, quebrado. ¿Existen propuestas para esas familias que quedaron en la calle? Por supuesto que no, la respuesta del gobierno es el silencio o la famosa frase “hay que reinventarse”. La asistencia del Estado es nula porque la realidad es que no les importa.
Una ciudad para unos pocos

La Mar del Plata que quieren construir es una ciudad vidriera para el turista, donde la pobreza y el esfuerzo popular deben esconderse debajo de la alfombra o, en este caso, ser demolidos en la oscuridad. Lo que desconocen es que Mar del Plata también era la feria de la Rambla y que mucho de ese turismo del que se llenan la boca es turismo popular que aprovechaba cuando salía de la playa para comprarse una pilchita.
Durante un cuarto de siglo, esa feria fue parte del paisaje social de Mar del Plata. Probablemente, sí había que regularizar, sí había que mejorar, pero el camino era el diálogo, no la topadora. Pero el diálogo no es algo que caracterice ni que considere relevante el Ejecutivo municipal. Ah, pero mientras tanto, la Rambla quedó «limpia».
BARRIOS MDP
REGIONALES
La Justicia frenó las actividades motorizadas en La Frontera de Pinamar
La medida suspende cuatriciclos, UTV y 4×4 tras los reiterados accidentes en los médanos.
La Justicia bonaerense dispuso la prohibición total de actividades recreativas motorizadas en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. La medida fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, en el marco de un amparo presentado contra la Municipalidad local.
La resolución establece el cese inmediato de pruebas de destreza, competencias, carreras informales, desafíos y cualquier tipo de maniobra temeraria realizada con camionetas 4×4, cuatriciclos, motos, UTV y vehículos similares. La prohibición alcanza incluso a predios privados ubicados en el sector costero.
El fallo judicial se conoció pocas semanas después del grave accidente que tuvo como víctima a Bastián, un niño de 8 años que sufrió heridas de extrema gravedad tras un choque múltiple entre vehículos todoterreno en La Frontera. El menor resultó con un fuerte traumatismo y debió ser intervenido quirúrgicamente.
El magistrado consideró que estas prácticas generan cada temporada siniestros viales graves y, en muchos casos, fatales, en un espacio turístico de alta concurrencia, especialmente durante el verano.
Pinamar, una ciudad marcada por el riesgo

Imagen: Revista Noticias
La Frontera es un sector de playa virgen ubicado a unos ocho kilómetros del centro de Pinamar y se extiende por más de siete kilómetros de médanos costeros. El lugar se transformó con el tiempo en un punto de encuentro para turistas y aficionados a los vehículos todoterreno.
El lugar presenta dunas pronunciadas y amplios sectores de arena blanda, lo que favorece el desarrollo de maniobras recreativas y desafíos. Sin embargo, la circulación suele realizarse fuera de los corredores autorizados, generando situaciones de alto riesgo para conductores, peatones y familias que visitan la zona.
Según testimonios de trabajadores de playa y personal vinculado a la seguridad, el control sobre el tránsito vehicular resulta limitado. Mientras Prefectura Naval supervisa el sector marítimo, las tareas de fiscalización terrestre suelen ser insuficientes frente al volumen de vehículos que circulan en temporada.
La Frontera: imprudencias reiteradas y falta de controles

Imagen: Infobae
El tránsito en La Frontera suele caracterizarse por conductas imprudentes que se repiten cada verano. Entre ellas se destacan la conducción sin casco, la circulación en sectores prohibidos y la utilización de vehículos por parte de menores de edad.
También se detectan irregularidades como la falta de licencias específicas, ausencia de seguro obligatorio o el incumplimiento del uso de antenas reglamentarias con banderines, elementos exigidos para mejorar la visibilidad en zonas de médanos.
El juez Ferrán remarcó que los municipios poseen la obligación de ejercer el poder de policía para regular estas actividades y prevenir riesgos. En ese sentido, señaló que la ausencia o insuficiencia de controles estatales habilita la intervención judicial para garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la seguridad pública.
Antecedentes de accidentes fatales
La Frontera registra un historial de accidentes graves y víctimas fatales que se repiten a lo largo de los años. Entre los casos más recordados figura el fallecimiento de un turista de 32 años en 2022, tras un choque entre un cuatriciclo y un UTV.
Otro hecho fatal ocurrió a fines de 2021, cuando una turista murió tras volcar el cuatriciclo que conducía en los médanos. En ese mismo episodio resultaron heridos acompañantes y menores que viajaban en el rodado.
Además de los casos con víctimas fatales, cada temporada se registran múltiples accidentes con heridos, muchos de ellos vinculados al exceso de velocidad, maniobras riesgosas o circulación en zonas no habilitadas.
La prohibición y los requisitos para su levantamiento

Imagen: Clarín
El fallo judicial establece que la suspensión de las actividades motorizadas continuará vigente hasta que el municipio demuestre la implementación de condiciones adecuadas de seguridad.
Entre los requisitos figuran la delimitación de áreas habilitadas para circular, señalización clara, presencia de controles permanentes, supervisión efectiva y la adopción de medidas preventivas que reduzcan el riesgo de accidentes.
La Justicia también rechazó el argumento del gobierno municipal que planteaba la imposibilidad de intervenir por tratarse de terrenos privados. El juez sostuvo que la titularidad del suelo no puede ser utilizada como excusa cuando existe un peligro real para la seguridad pública.




